EJES PARA DEVOLVER GOBERNABILIDAD A MÉXICO

ELECCIONES, PARTIDOS, NARCOTRÁFICO, FUERZAS ARMADAS, GOBIERNOS Y AUTOGESTIÓN EN MÉXICO
*Balance de perjuicios vs. beneficios* *Elecciones: costos y participación*
*¿Sistema de partidos o partidocracia?* *La guerra interminable contra el crimen organizado*
*Militares y sociedad: una fórmula explosiva* *Las nuevas redes sociales*
*África y Medio Oriente y sus repercusiones globales* *Castigo a los responsables de la crisis mexicana*

Por Baltasar Hernández Gómez

Desde hace cuatro años la atmósfera en México ha sufrido transformaciones impensables en pleno siglo XXI. Muchos de estos cambios no han sido evolutivos, sino todo lo contrario, pues el objetivo central gira en torno al papel de las instituciones del Estado para tratar de estabilizar procesos constitucionales, económicos y metapolíticos de dominación que, por equívocos de gobiernos priistas y panistas, consecuencias producidas por el narcotráfico, crisis económica, reacomodos normativos en el subsistema electoral y movimientos que fortalecen el monopolio de partidos políticos, han menguado la sustentación del corpus nacional. La mayor secuela en los últimos diez años se vive con un Estado fallido en grados diferenciados de ingobernanza e ingobernabilidad.

En el recuento social los saldos aparecen de color rojo encendido (balances contables/financieros negativos en lo macro y micro de la economía, sangre y muerte), pues los asesinatos, desempleo, carestía, incertidumbre, desconfianza y parálisis social son los elementos que envuelven la percepción y en el sentir social.

A continuación propongo algunas coordenadas para el análisis y debate de los asuntos de mayor relevancia en México 2011:

EJE 1: EL SUBSISTEMA ELECTORAL.

1.- Los recursos monetarios, materiales, humanos y técnicos que son inyectados al subsistema electoral no son detonadores para que la sociedad participe activamente en la política y acuda a votar en los tiempos establecidos. Es un hecho medible que campañas electorales con amplio espectro de cobertura tienen una connotación de derroche y alteración de fondos públicos. Por lo mismo, un gran porcentaje de ciudadanos se alejen de los procesos.

2.- Cuanto más grande es la estrategia de marketing político-electoral, más grande es el grado de desconfianza social, principalmente en las clases con niveles socioeconómicos y culturales de clase media y más. Slogans y promesas no han mostrado relación directa con la realidad prevaleciente en municipios, estados y federación y por lo mismo existe apartamiento ciudadano, lo cual anula legitimidades.

3.- La eficiencia en la organización procedimental de los comicios no es garante de mayor participación ciudadana y mucho menos condición óptima para el fortalecimiento de la cultura política. Ésta debe alcanzarse por medio de información permanente, programas específicos en todos los subsistemas educativos y la reproducción de valores y principios en el seno familiar, laboral y círculos de convivencia humana y cultural.

4.- Libertad de expresión no significa insulto o propaganda negra entre partidos y candidatos. Por tal razón, legisladores y expertos en la materia deben implementar controles para determinar límites sin violentar derechos sociales.

5.- Los órganos de organización, ejecución, evaluación y sanción de los procesos electorales deben estar a la par de las facultades del poder Legislativo, tanto a nivel nacional como estatal, a efecto de no propiciar el imperio partidocrático e intereses coyunturales de sexenio a sexenio.

6.- La utilización de medios de comunicación electrónicos globalizantes (telefonía celular, internet y televisión) tienen que reglamentarse, a fin de impedir la invasión de la privacidad ciudadana.

7.- Los institutos y tribunales electorales deben transitar hacia un estadio de eficacia administrativa y financiera que convierta a los procesos electorales en una verdadera reunión consensuada de voluntades sin gastos excesivos. La democracia en México es cara, sin lugar a dudas, ya que el proceso de renovación democrática de los poderes Legislativo y Ejecutivo -cada tres y seis años- es percibida por las mayorías como gasto y no como inversión, ya que los resultados tangibles son imperceptibles y dolorosamente inútiles.

Es necesario que sigan habiendo recursos suficientes para comunicar resultados, edición de material de cultura política, instrumentos y equipos, talleres de capacitación y actualización; pero a la par es imprescindible la restricción de prerrogativas, tales como: celulares, choferes, autos, préstamos personales, bonos de actuación, viáticos y pasajes, gastos de representación, sueldos estratosféricos, etc., que tanto encarecen la democracia y sumen a programas sociales y obras en el olvido o la postergación.

EJE 2: LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

1.- El monopolio partidista debe desaparecer. Ciudadanizar candidaturas es paso trascendental para arrebatar el control verticalista de las élites. Los “políticos de carrera” tienen que soltar amarras, a través de la conformación de un marco legal contundente, a efecto de que la partidocracia no continúe presionando a funcionarios públicos, líderes, legisladores y gobernantes con base en “apoyos” otorgados desde los comités centrales, dependencias del gobierno en turno o Congreso de la Unión. El reto sigue vivo y no exento de peligros, pero más vale explorar nuevas vías que permanecer en stand by visualizando cómo se degrada el consenso social.

2.- Las plataformas, idearios y estatutos deben renacer como parte sustancial de la praxis política, a fin de acercar a la gente a la participación horizontal, es decir, la que se da en los ambientes societales. No hacerlo implica apartamiento, decaimiento de credibilidad y abstencionismo, lo cual puede poner en serios aprietos la legalidad-legitimidad de los procesos electorales y la reproducción de equilibrios.

3.- Las alianzas y coaliciones deben ser revaloradas, en virtud de que este método está exacerbando el pragmatismo político, de ganancia momentánea para las fuerzas en disputa, pero que no abona elementos clave para fortalecer la cultura y participación ciudadana ni tampoco el buen desempeño de gobiernos. No se trata de ideologizar, sino de poner en la cima de lo político verdaderos proyectos sustentables de nación, más allá de la alternancia impuesta desde el año 2000.

EJE 3: LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

1.- Hay que interiorizar que la guerra calderonista no es la guerra de México. Los beneficios son raquíticos en cuanto a desmantelamiento real de cárteles. Por el contrario, los perjuicios son enormes en cuanto muertes masivas (más de 30 mil asesinatos de 2006 a la fecha) y gastos millonarios que rebasan lo que se obtiene en cateos, decomisos y detenciones.

2.- Se tienen que diseñar, aprobar, poner en funcionamiento y supervisar estrictos controles financieros y bancarios para evitar blanqueo de dinero de los cárteles nacionales e internacionales. Si no existen golpes a las alforjas del crimen organizado no habrá resultados verdaderos.

3.- Las instituciones educativas, de salud, de cultura y desarrollo económico deben vincularse orgánicamente para hacer frente común con infantes, jóvenes y adultos, a efecto de erradicar predisposiciones que orillen a muchos sectores poblacionales a optar por actividades ilícitas como fuente de supervivencia.

4.- ¿Hasta qué punto es conveniente plantear grados de “legalización” de ciertas drogas? Estado, gobiernos, académicos, medios de comunicación, empresarios y sociedad en general deben reunirse a debatir objetivamente este asunto de seguridad interna.

5.- Las desarticulaciones de bandas del crimen organizado han traído mayor descomposición del tejido social y un interminable reacomodo de las fuerzas intermedias del narcotráfico y sicariatos. Cuenta más una docena de “peces gordos”, dueños de empresas con apariencia legal, pero con fines aviesos, que dos mil caporegime y vendedores de droga al menudeo ¿O no? Sólo hay que analizar lo que sucede en Italia, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica, para tener un marco de referencia funcional.

EJE 4: LAS FUERZAS ARMADAS.

1.- El ejército, fuerza aérea y la marina deben volver a las zonas militares, pues a pesar de que en un primer momento den la impresión de mayor seguridad, en la práctica las instituciones castrenses no están preparadas para empatar disciplina con la dinámica social. Seguir visualizando a las fuerzas armadas acompañando a las policías llevaría a un estado de supresión de derechos humanos y terror, pero sobre todo a una peligrosa pérdida de credibilidad del Estado mexicano. Y no es que sea imposible equilibrar el papel de las milicias, pero esto llevaría muchos años de educación y entrenamiento. A los “narcos” hay que impactarlos donde más les duele: cuentas bancarias, propiedades y negocios.

2.- Las capuchas negras ahora forman parte de la integridad física de los militares frente a actos de venganza del crimen organizado, sin embargo, ¿Quién otorga certidumbre a la sociedad cuando ve rostros tapados y no alcanza a distinguir quiénes salvaguardan el orden? ¿Serán militares de verdad o clones del narcotráfico? Usando el sarcasmo como catarsis debería tomarse en consideración la conveniencia de que todos deambuláramos encapuchados para no ser reconocidos por propios y extraños, porque lo mismo vale la vida de un miembro de las fuerzas armadas, que la de un civil. Otra vez surge la ingenua pregunta ¿O no?

3.- Debe haber una estrategia para controlar los puntos geográficos donde se desarrollan intercambios de dinero, equipo bélico y otros enseres ilícitos, para que no continúe la proliferación de pistolas, ametralladoras, bazucas, morteros y granadas, lo cual da poderío de combate al crimen organizado ¿Es tan difícil vigilar zonas fronterizas, puertos, caminos, aeropuertos y pistas semiclandestinas para detener embarques ilícitos y abatir al mínimo la circulación de armamento, dinero sucio y estupefacientes? Los trabajos de inteligencia, satélites e información clasificada de EUA, entre otros asuntos, ahí están para ser tomados en cuenta.

4.- No es con exposiciones o simulacros publirrelacionistas como las fuerzas armadas van a recuperar la confianza social. Hace falta más, mucho más, para tender puentes de acercamiento y coexistencia entre todos los que conformamos a México. Una de ellas es la erradicación del sentimiento discriminatorio de militares hacia lo que ellos mismos denominan “civilones”= civiles.

EJE 5: GOBIERNO Y AUTOGESTIÓN.

1.- Observo un alza en la organización de asociaciones civiles y grupos de presión que van a forzar a la auditoría de las instituciones de los tres niveles de gobierno en los rubros administrativos, financieros y operativos. En este sentido el Ejecutivo en municipios, estados y federación y los otros poderes Legislativo y Judicial tienen que aperturar canales normativos que sirvan para el inicio de juicios políticos, judiciales y administrativos contra actos de ineficacia, corrupción e irresponsabilidad de gobernantes, legisladores y magistrados. De no ser así lo más probable es que haya, por lo menos, brotes de anarquía.

2.- Quiero pensar que los acontecimientos que suceden vertiginosamente en países de África y medio Oriente son producto de un nuevo tipo de organización social basado en el contacto de redes comunicativas virtuales, que readecúa las demandas y oposiciones relegadas por mucho tiempo por regímenes dictatoriales “autorizados” por la comunidad de países desarrollados.

Conservo escepticismo sobre la espontaneidad de los movimientos considerados como “neo-revolucionarios”, pues tras bambalinas hay olores de injerencia oculta de agencias de inteligencia y la operatividad de empresas de noticias y entretenimiento que cubren los eventos con visiones totalitarias (todo lo que había sobrevivido decenios y de lo cual no daban cuenta, ahora resulta maligno) y conceptualizaciones, tales como: libertad, hartazgo, masas y malos gobiernos. Al lado y atrás subsisten intereses económicos, petróleo e importancia geopolítica.

En la vorágine coyuntural es difícil separar lo objetivo de lo subjetivo, pero admitiendo que los movimientos sociales en Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y otros países musulmanes provengan de las entrañas del pueblo, los Estados nacionales deberían “poner sus barbas a remojar” y a trabajar no solamente en mecanismos de preservación del establishment, sino pensar en la eficacia para materializar bienestar económico, social y político. De no hacerlo así, la sociedad rebasaría sus controles.

3.- A más de cuarenta años de haberse dado movimientos de trabajadores, profesionistas y estudiantes en México no hay castigos a los responsables de muertes, desapariciones y torturas. Las respuestas del Estado se convirtieron en reformas constitucionales, democratización de instancias sociales y políticas, así como modelos de crecimiento económico de alcances restringidos, pero no más. Antes se le echaba la culpa a los regímenes autoritarios del PRI, pero ahora no hay justificación para dejar las cosas como están, así sin más.

Si la guerra contra el crimen organizado, recuperación económica, creación de empleos, bajas de gravámenes hacendarios fueron asumidas públicamente como compromisos del presidente Felipe Calderón y colaboradores ¿Por qué no enjuiciarlos -sin pasiones insanas, pero sí con determinación republicana- por el atroz incumplimiento de sus promesas y programas gubernamentales anunciados en foros públicos, planes de desarrollo, iniciativas y decretos?

Colofón.

¿A quiénes acusarán las madres, hermanos, esposas e hijos por la muerte de familiares y amistades? ¿Quiénes son los responsables de la miseria y muerte por hambre, enfermedad o inanición de cientos de miles de niños, jóvenes y adultos del campo y las ciudades? La respuesta de muchos funcionarios es que estos son daños colaterales por el enfrentamiento del Estado contra los malvados delincuentes y por la crisis globalizada. Muy a gusto reparten culpabilidades y se quitan sentimientos encontrados, pero no explican cómo los mexicanos mueren diariamente sin saber por qué una bala se introdujo en su cabeza; por qué una bomba destrozó su escuela o casa; por qué de repente sus seres queridos perdieron trabajo y los bancos les quitaron propiedades y, por qué se gastan los dineros de la sociedad en armas y equipos, publicidad, actos protocolarios, sueldos elevados de militares, policías, empleados gubernamentales, jueces y legisladores.

Si los mexicanos del siglo XX no determinamos procesar a políticos y gobernantes ojalá que en el siglo XXI se presione lo bastante fuerte para que no haya más impunidades. No es válido que mientras existe una sumatoria catastrófica de asesinatos, pobreza extrema, enfermedades al límite y una crisis moral y espiritual como nunca antes sentida, Vicente Fox y el actual presidente Felipe Calderón, autodenominados estadistas del cambio, se regodeen en foros internacionales afirmando que “México vive más o menos bien, pese a la crisis prevaleciente”. Y estos son los nombres de las cabezas más visibles de la Hidra, porque abajo, líderes, políticos y gobernantes también tienen su parte importante de adeudo.

¿Se van a ir Calderón Hinojosa, oficiales y jefes militares, procuradores, secretarios de seguridad, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y magistrados sin juicios por irresponsabilidades cometidas? Los muertos; los déficits; el temor, incredulidad y desconfianza social; la violencia, la miseria y las riquezas inexplicables ahí están, no son inventos ni elucubraciones, sino hechos contundentes.

Ojalá que cuando surjan las convocatorias para reunirnos en plazas públicas y se exija el enjuiciamiento de los “malos mexicanos” no se acuse a los participantes de delincuentes pagados por el narco, de guerrilleros o traidores a la patria, sino que sean tratados con la misma benevolencia que los medios nacionales e internacionales, analistas y la llamada clase política tratan a las masas aglutinadas en Egipto, Libia y otras partes del mundo. B.H.G. Ω