OUTSOURCING EN MÉXICO

¿HACIA DÓNDE VAMOS?: EL OUTSOURCING EN MÉXICO.
Por Baltasar Hernández Gómez

El término anglosajón outsourcing aunque pareciera nuevo en el rubro laboral no lo es, pues desde hace aproximadamente 2 sexenios se ha venido aplicando en el mercado de trabajo, bajo el amparo de la discrecionalidad, que ha provocado abusos en los trabajadores, evasiones fiscales y omisiones para cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Dicha forma de “informalismo contractual tuvo años de bonanza para las empresas especializadas en proporcionar servicios periféricos a muchas empresas, a fin de que se concentraran en sus funciones específicas, la mayoría de las cuales operaron al margen de la Ley Federal del Trabajo.

El outsourcing o empresas de terciarización han tenido un crecimiento importante, toda vez que las empresas encontraron una forma de reducir costos laborales, materiales, técnicos y de ambiente laboral siempre a favor. La contratación de empresas externas permitió que muchas industrias de bienes y servicios ahorren a costa de la reducción de oportunidades laborales directas, desvío de recursos y finanzas, con el dogma de mercado que justifica que la competitividad tiene que enfrentarse con la disminución de costos en nómina.

Por ejemplo, una escuela contrata directamente a su personal docente, pero mucho del personal operativo (guardias, intendentes, mantenimiento, etc.) son subcontratados por medio de las empresas que otorgan outsourcing, lo cual les permite “enfocarse” a sus funciones relevantes, dejando tareas menos sustantivas en manos de organismos que ofrecen dichos servicios. En las fábricas también se aprecia esto, ya que muchas tareas contables, de pago vía nómina, limpieza, mantenimiento de equipo e instalaciones, mejoras en infraestructura, entre otras, son realizadas por las empresas terciarias.

Es evidente que este tipo de prácticas se basan en la subcontratación y la intermediación laboral que se vuelve concreto en empleos temporales y mal regulados, ya que el oficialismo de los hechos ante las instancias gubernamentales no reflejan el impacto de despidos, deficientes salarios y prestaciones y lo referente a los derechos laborales y humanos de miles de trabajadores que “trabajan” para este tipo de empresas de outsourcing. De acuerdo a cifras conservadoras la incidencia negativa en la evasión de cuotas obrero-patronales al IMSS se estima que diariamente hay un desvío de cuarenta millones de pesos. Cantidad bastante importante que no sólo queda en el monto financiero, sino que trasciende al plano de no protección para los trabajadores que trabajan en una empresa, pero dependen de otra para subsistir. Los trabajadores son muchas veces “fantasmas”, obreros de segunda o tercera categoría.

Es evidente que el outsourcing ha funcionado sobre una plataforma de simulación que violenta los derechos de los trabajadores, tocando desde la seguridad social y terminando incluso con el reparto de utilidades, libertad de asociación en sindicato y el irrestricto derecho de huelga. Aún cuando hay una regulación en materia de reclutamiento y selección de personal en este tipo de empresas, muchas de las veces se da su cumplimiento como mera medida administrativa, pues muy poco sirve si la Ley no se cumple a cabalidad. Para citar un caso: la Secretaría del Trabajo tiene registradas unas 300 empresas outsourcing cuando en la realidad operan 10 veces más de estas empresas en el mercado de trabajo.

El outsourcing representa una modalidad de relación laboral y un contrato de trabajo que ha recorrido una senda de ilegalidad y carencia de ética, ya que se aplica al trabajador para que éste no acumule una antigüedad laboral y las prestaciones económicas más importantes que debe recibir por ley, tales como: subsidios por antigüedad, derechos de jubilación, etc. Es un instrumento jurídico laboral con truco para situar a los obreros en una temporalidad siempre indefinida, o sea, contratos de trabajo eventuales con las prestaciones mínimas de Ley, pero liquidándolo inmediatamente después de finalizar cada contrato.

Con esta maniobra legaloide los trabajadores pueden estar años laborando y jamás acumular derechos laborales legales en las empresas privadas contratantes e incluso en muchas dependencias públicas en los tres niveles de gobierno, Aunado a lo anterior, estas empresas terciarias tienen un negocio muy rentable, porque les cobran una comisión a las empresas donde sus trabajadores prestan sus servicios, o bien, trasladan esta cuota a los propios trabajadores (una especie de pre-pago para trabajar).

Ha habido indiferencia de las legislaciones federales y estatales, de un disimulo de autoridades laborales y del permiso por omisión del sector obrero, que desgraciadamente vivimos tratando de resolver los problemas inmediatos de nuestros agremiados, ante la ola de quejas y demandas que se dan continuamente a lo largo y ancho del país. Esta situación específica de reformas a la Ley Federal del Trabajo en lo relativo al outsourcing no puede seguir así, aún cuando ya hay una legislación en este sentido (promulgada el 30 de abril próximo pasado), porque esto haría sentir un mensaje equivocado en México de que hay complicidad para que empresarios sin escrúpulos y voraces violen la Ley laboral.

Nosotros como organizaciones sindicales hemos advertido en innumerables ocasiones sobre las intenciones que tienen afán de gran lucro de empresas nacionales y extranjeras para validar y legitimar ilegalmente estas violaciones a la normatividad laboral, porque sus intenciones quieren reflejarlas en un supuesto desarrollo económico y social del país al aceptar todos los requerimientos del capitalismo globalizado, que en realidad lo buscan crear una desigualdad social que pulverice a la base de la sociedad mexicana más desprotegida, la fuerza laboral de los trabajadores de estratos sociales más bajos.

Es imprescindible que las dependencias públicas del trabajo, como por ejemplo las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Institutos de Investigaciones Jurídicas de Universidades Públicas etcétera, informen, motiven, vigilen y presionen como sociedad civil al gobierno federal y al Congreso Federal para que haya un estricto seguimiento en el respeto de los derechos de los trabajadores, a efecto de erradicar impunidades e ilegalidades en el outsourcing.

No obstante que el sector obrero organizado de México ha insistido una y mil veces en que se acabe con la simulación del outsourcing, esta subcontratación libera a muchas empresas de problemas de selección, capacitación, uniformes, vigilancia, evaluación, despidos y pagos, para enfocarse en su función prioritaria. Este mecanismo laboral apoya a las empresas a desprender alguna actividad, que no forme parte de sus capacidades principales, a un tercero especializado. Sin embargo, es hora de que haya un control permanente, pero sobre todo que esto permita que los trabajadores “terciarios” obtengan los beneficios y derechos de cualquier trabajador organizado sin menoscabo de las empresas que contratan dichos servicios a otras subrogadas.

Hasta el momento no existe ningún proyecto o planteamiento por la Secretaría del Trabajo que no afecte en gran medida las condiciones de trabajo en el país, sobre todo por las nuevas modalidades del outsourcing, pues se viola la Constitución al afectar los derechos obreros y legaliza múltiples infracciones que ha permitido el Gobierno federal, negando las pésimas condiciones en las que se encuentra la plantilla laboral actualmente frente a la crisis financiera.

El proyecto presentado por Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo ante el Senado en febrero pasado avala la tercerización laboral violatoria de la Ley Federal del Trabajo, se reglamenta la contratación sin derechos e incluso se da luz verde para fragmentar el pago del salario mínimo y con lo que un trabajador podría ganar menos de siete pesos por hora, con lo que se condenaría a la peor de las miserias. Así pues, las empresas están reclutando a personal sin contratos colectivos de trabajo, como anteriormente se hacía, lo que deja desprotegidos a quienes buscan trabajo sin importar la edad, niveles de enseñanza escolarizada y un mejor estadio de vida a través de su fuerza laboral (profesional, administrativa y operativa), ya que no tienen ningún tipo de prestación o respaldo en caso de ser despedidos de manera injustificada.

Mientras que gobiernos de corte progresista en América Latina, de la Unión Europea y hasta el recién instaurado gobierno de Barack Obama impulsan la contratación colectiva para salir de la crisis; en México, se busca hundir en la pobreza a los obreros con esta reforma de corte neoliberal. En México se tiene todavía la creencia de que la clase trabajadora debe estar en las más mínimas condiciones laborales para solventar la economía nacional, por lo que en lugar de avanzar se retrocede en la búsqueda por la equidad salarial y la igualdad de clases sociales.

Las reformas a la Ley Federal de Trabajo solucionan en casi nada la problemática que enfrentan las trabajadores y especialmente a la mujeres trabajadoras, porque flexibiliza los derechos de las y los trabajadores y pretende legalizar el outsourcing, cuyo principal motor es abaratar la mano de obra para que esto sea un factor atractivo para los empresarios e inversionistas.

Con la reforma laboral se pretende anular, de manera legal y bien fundamentada en raciocinios de equiparamiento a las economías avanzadas y los ritmos del mercado, lo cual agudizará más temprano que tarde la estabilidad en el trabajo y las garantías mínimas de las que deben gozar las y los trabajadores, a través de modificaciones como fomentar multifunciones para aumentar la productividad, incorporar la contratación individual y mejoras salariales a través de la denominada productividad y competitividad que están centradas en el aumento de ganancias, pero que dejan de soslayo el concepto y los beneficios directos de la correcta distribución de la riqueza y los derechos laborales de la clase obrera mexicana.

El outsourcing fomenta que las y los trabajadores llevan a cabo multifunciones, que pone de manifiesto una nueva forma de explotación laboral y disminuye los gastos del patrón al contratar menos persona. Esto ha dado pauta a que se incorpore la contratación individual de temporada, a prueba y destajo, lo que quiebra los derechos de estabilidad en el empleo, seguridad social. Las reformas flexibilizan, de manera enmascarada el dogma de que la crisis y los niveles de plusvalor para los empresarios recaigan en las espaldas de los trabajadores.

¿Qué dice la nueva ley? Con la reforma, que lleva un mes sin publicarse tras su aprobación en el Congreso de la Unión el 30 de abril, se dice que habrá ventajas como: el que los trabajadores conozcan qué empresa es la que los contrató; exigir los derechos de seguridad social; competencia más adecuada entre las empresas de outsourcing y en el caso del IMSS podrá exigir las cuotas obrero-patronales y terminar con la simulación en las relaciones laborales.

De acuerdo a los postulados de los hacedores de esta nueva reforma se va a poner orden en un aspecto de la Ley del Seguro Social donde habían quedado vacío que permitían abusar de este esquema laboral del outsourcing, por lo que ahora, también el patrón que se beneficia del trabajo y servicios contratados, adquiriendo un carácter de obligado subsidiario con el trabajador, por lo que deberán cumplir con registros y control que permitan al IMSS dar seguimiento específico, garantizando con ello el cumplimiento de la empresa prestadora de servicios. A su vez, el prestador de servicios estará obligado a entregar una constancia al trabajador quién ofrece el servicio, el domicilio donde se estará realizando el trabajo y detallando el número de días que se estará laborando así como el salario base de cotización.

Sin embargo, del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que el cumplimiento de las nuevas disposiciones, provenientes de la reconversión neoliberal del capitalismo permea al gobierno y sus dependencias ejecutoras, siendo nuevos ingredientes que hacen suponer que dichos razonamientos no se van a cumplir al 100% y mucho menos que los resultados sean mejorías, pues no van a pasar de ser informes bien estructurados para validar los requerimientos institucionales, pero que dejan olvidadas las verdaderas necesidades de los trabajadores. Si esto se permite el sector obrero organizado queda como espectador de dicha trama laboral.

Con tales antecedentes se hace necesaria la creación de políticas públicas amplias y con un contenido en perspectiva de género, que busquen mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, ya que persiste la discriminación, el acoso sexual y la diferencia salarial entre los sexos a trabajo igual.

El sector obrero organizado, nosotros pues, debemos luchar para que haya modificaciones sustanciales a la Ley del Trabajo y a las recientes reformas, a través de propuestas consolidadas, pero sobre todo unificadas, a fin de lograr lo siguiente:

A) Proyectos de economía solidaria-eficiente, tales son los casos de cooperativas financiables y sustentables con los apoyos y asesorías debidas, a fin de que sean los trabajadores organizados los productores de riqueza que se traduzca en más y mejores niveles de vida para ellos, sus familias y sus regiones.

B) Insistir para que se implante el seguro de desempleo, que pueda ayudar a los trabajadores a sortear la crisis global que se apoderó desde hace unos meses de la economía nacional. Esto ayudará a que el propio gobierno, conjuntamente con el sector obrero y empresarios seamos más creativos, responsables y propositivos para que en vez de invertir en desempleo se creen nuevas formas de trabajo constante.

C) Establecer comisiones interdependencias donde intervengamos para que las instituciones laborales, judicaturas y SHCP vigilen las contribuciones, cuotas y aportaciones de las empresas que contratan a trabajadores, a efecto de que haya una protección y garantía que otorguen certidumbre y permanencia en los rubros de contratación, salarios dignos y prestaciones sociales y económicas, jubilaciones o pensiones y reparto de utilidades, de acuerdo a la Ley.

D) Defender los derechos laborales de los trabajadores, como el caso específico e importante de asociación e incorporación a sindicatos y al beneficio del contrato colectivo.

E) Procurar que las comisiones de riesgos en el trabajo estén al pendiente de los ambientes laborales, ya que por las condiciones sui géneris en el outsourcing hay peligro de situaciones descontroladas (debido a despidos, rotaciones y poca preparación y sentido de pertenencia).

F) Hacer que en los institutos de seguridad social existan centros de atención psicológica y de canalización, para que los trabajadores afrenten la inseguridad de no tener un empleo estable, que además de afectar su salud física y mental, implican ajustes negativos a su relación social y en su familia.

G) Ser garantes de que un porcentaje menor de empresas medianas y grandes tengan un tope o estén imposibilitadas a contratar los servicios de outsourcing. Asimismo, es imprescindible que no haya preferencias de llenar vacantes por parte de trabajadores subcontratados, que atenten los derechos de antigüedad, especialización y experiencia de los obreros ya contratados por las empresas.

H) Establecer mecanismos legales, sociales y políticos donde el sector obrero organizado intervenga en las contrataciones de empresas “intermediarias”, que puedan poner en riesgo la seguridad del trabajo, así como prestaciones y demás derechos relativos.

I) En esta nueva legislatura federal en la Cámara de Diputados se tiene la posibilidad de introducir y hacer valer las iniciativas, adecuaciones y reformulaciones en materia laboral por parte del sector obrero mexicano, con el objetivo de incorporar reformas a la Ley del Trabajo, que sirvan para estimular un nuevo esquema que beneficie a los trabajadores. De no hacerlo se estará dando cabida a la ideología de derecha, que impide cambio a favor del movimiento obrero, ya que su política es beneficiar a la clase patronal, en el entendido que “no hay desarrollo si los empresarios no cuentan con los incentivos para invertir”.

J) Ser promotores de la Reforma del Estado, que contemple la discusión y elaboración de cambios trascendentales en materia económica-laboral, situación hacendaria, seguridad social, agenda legislativa de temas prioritarios para el país, entre otras, que incidan positivamente en la clase trabajadora de México. B.H.G.