LA DICOTOMÍA ENTRE PARTIDOCRACIA Y DEMOCRACIA EN MÉXICO

LA DICOTOMÍA ENTRE LA PARTIDOCRACIA Y DEMOCRACIA EN MÉXICO
La acción de la sociedad civil
Por Baltasar Hernández Gómez

Va sonar a rajatabla la aseveración, pero es extremadamente realista: en México no puede existir democracia sin los partidos políticos. El poder no es pensado ni ejercido para fundar la autoridad de la sociedad, sino para beneficiar a la clase política aglutinada en organismos cerrados, que se apropiaron de los instrumentos de legalidad. Para apropiarse del concepto de democracia los mexicanos piensan primero en el imperio de la partidocracia y la mediocracia, que son los dos contaminantes de la voluntad social. En el presente ensayo trataré de enfocarme en la partidocracia, que es la estructura que hizo surgir una democracia de tipo vertical y procedimental.

Desde la reforma política impuesta por el régimen de José López Portillo en 1977, los partidos se convirtieron en los usufructuarios de la democratización de la vida política en México. Todos los cargos de elección y apoyos financieros tienen que transitar, inexorablemente, por el círculo partidista, sean estos de centro, derecha o izquierda. La ciudadanía vio arrebatado su derecho constitucional a votar y ser votado para cargos populares y en lugar de eso ha sido testigo que revolucionarios institucionalizados, activistas blanquiazules, reformistas de izquierda, oportunistas socialdemócratas y cualquier tipo de fauna que presume defender algún interés, se apoderaran del escenario político y, por ende, de la base de sustento democrático. La democracia fue convertida en formato procedimental donde la sociedad tiene que cumplir con el “deber cívico” de sufragar por los candidatos previamente elegidos por los partidos políticos.

Las candidaturas que relucen por su dudosa inmaculez no se originan por criterios de capacidad, experiencia, trayectoria comprobada y contacto con la gente, sino con el visto bueno de los grupos cupulares: los candidatos no se deben a la sociedad, sino a las cuotas partidistas para defender “x” ó “y” intereses. De tal forma que los políticos deben a los partidos su permanencia en nómina pública, lo cual los aleja de la base societal para fungir como verdaderos representantes.

Si esto lo traducimos en cifras contundentes daré como muestra que 21 mil millones de pesos es la escandalosa cifra que los mexicanos han proporcionado para la operación de los partidos y sus políticos, desde 1998. Esto contrasta con la enorme contracción económica que han vivido las clases media y baja, que se traduce en deficientes ingresos, bajo poder adquisitivo, baja calidad educativa, nulas oportunidades de crecimiento y un cada vez más creciente universo de pobres y extremo pobres. Tanto el partido gobernante como los opositores dejaron atrás las penurias por medio de sueldos estratosféricos, bonos especiales, aguinaldos, automóviles del año, viajes, fueros extraordinarios, becas para hijos y familiares, etc.

Con la llegada del denominado gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada, pese a la parafernalia de ataques de la oposición a su estilo de administrar, PRI, PAN, PVEM, PT y Convergencia, decidieron en el año 2003 no obrar judicialmente contra los responsables del financiamiento ilegal de las campañas presidenciales de tres años atrás (Pemexgate y los Amigos de Fox), logrando así cerrar cualquier resquicio que perjudicara al de por sí endeble subsistema electoral y a la cultura democrática oficialista. No obstante del hermetismo partidista por las concertacesiones entre conservadores, centristas y progresistas, la sociedad descubre el desvío de las intenciones democráticas de sus legisladores y miembros del equipo del “presidente de la transición ni siquiera arrancada”. En las elecciones federales del 2003 hubo 60% de abstención, lo cual implicó no solamente inmovilidad ciudadana en los procesos intermedios, sino la gran decepción y sentido de defraudación ante la política cerrada y amañada de los partidos políticos.

Por más que el IFE, gobierno y la clase política se esfuercen en hacer parecer las votaciones como una fiesta nacional, la abstención es una constante importante que da muestras del agotamiento del subsistema electoral, que es el soporte de la democracia en México. La sociedad harta y cada vez más despierta ante las triquiñuelas partidistas no engulle la ideología de hacer aparecer a los no votantes como seres endemoniados que no tienen amor a la patria.

En este sentido, a menos de un mes de celebrarse las elecciones para diputados federales (5 de julio de 2009) lo más probable es que la experiencia de abstención se repita y tenga un aumento significativo, porque hoy más que nunca hay un insulto directo a la inteligencia y al sentido común de millones de mexicanos. De los 77 millones inscritos en el padrón electoral, más del cincuenta por ciento no votarán, lo cual significa que aproximadamente 45 millones de mujeres y hombres en edad adulta no legitimarán el proceso.

Por la calidad de las elecciones y numéricamente hablando, el sistema de representación política en el país es a todas luces ilegítimo. Ya no interesan los spots donde alaban la poca participación consciente de los mexicanos patriotas y menosprecian a los abstencionistas, porque simple y llanamente el subsistema electoral ya no funciona. Si las dirigencias políticas, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores y la propia presidencia de la República no le debe su estadía en el poder al pueblo ¿Entonces a quién rendirle cuentas? Obviamente a las decisiones de los grupos internos de sus partidos. A ellos y nada más que a ellos le deben las facultades constitucionales y metaconstitucionales para continuar disfrutando de canonjías.

Los naipes de la endeble democratización mexicana están cayendo sobre la mesa, descubriendo las manos ocultas de los jugadores que hacen y deshacen, que ponen y quitan a los alfiles políticos que cumplen con su labor partidista en los diferentes estratos del poder, convirtiendo a los partidos en agencias eficaces de empleo renovable en el Ejecutivo y Legislativo, a nivel nacional, estatal y municipal.

Por eso no es extraño ver cómo las gargantas oficiales del gobierno panista, partidos de chile, dulce y manteca, intelectuales orgánicos, medios de comunicación y el IFE se hayan unificado para contrarrestar la propuesta del “voto blanco”, que se fundamenta en sufragar por candidaturas no registradas o anteponiendo “Así no”. Ante esta situación las voces acomodaticias y defensoras de la partidocracia se desgañitan afirmando que esto es abstencionismo disfrazado, que no sirve de nada, que los partidos son el único medio democrático para seleccionar a los verdaderos representantes.

Los impulsores de tal medida contestataria argumentan que esta postura no es un convite al abstencionismo, sino un ejercicio político real para decir no a la convalidación electoral secuestrada por los partidos políticos, que incluso se han apoderado del organismo presumiblemente ciudadanizado del IFE. Aseguran que esta acción rescata la expresión más pura del voto libre y consciente, toda vez que los ciudadanos se rebelan ante la dominación política que no ofrece respuestas a las demandas y necesidades sociales.

Debido a este nuevo ingrediente es trascendental analizar crítica y autocríticamente el toque de fondo del sistema de representatividad política, vía las elecciones, y el enorme lastre que significa la partidocracia, a fin de obstaculizar la llegada de formas represivas o elitistas que impongan tratos especiales y diferenciados hacia la sociedad. A continuación construyo algunos escenarios:

ESCENARIO DE GATOPARDO

Por la inminencia de las elecciones de julio 2009 los resultados serán de 40% de participación frente a un 60% de abstención. Las autoridades gubernamentales, el IFE y los partidos políticos retrotraerán sus discursos de agradecimiento a los votantes comprometidos con la legalidad y legitimación, así como mensajes punitivos contra los que no votaron o lo hicieron de manera distinta a lo que establecen los procedimientos.

Habrá -si acaso- referencia a los ciudadanos que impulsaron la acción “voto en blanco”, tratando de reformular algunas normas, inventar nuevas argumentaciones en la cultura democrática representativa “a la mexicana” y apoyando a los nuevos representantes elegidos por la mayoría de la gran minoría.

ESCENARIO DE CAMBIO MODERADO

El Estado mexicano a través del sistema político tendrá que hacer ajustes de forma y contenido, para que los procesos electorales fortalezcan y amplíen auditorios. El poder Legislativo admitirá reformas al COFIPE donde se discuta la viabilidad y puesta en marcha ciertos mecanismos democratizantes al interior de los partidos, reducción de partidas financieras, menos gastos en campaña, eliminación de la denigración por medio del marketing, rendición de cuentas, etc.

Algunos candidatos y dirigentes incluso están promoviendo desde ahora, en entrevistas con algunos programas televisivos y radiofónicos, la firma de acuerdos ante notario público, que los comprometen a cumplir y hacer cumplir la ley y con las propuestas hechas en campaña, así como reducir el número de curules plurinominales en el Congreso de la Unión. La moderación no está peleada con la idea de seguir preservando el status quo de poder de los partidos políticos, que como bien se dice: en México no hay poder político sin partidos, ni partidos sin poder político.

ESCENARIO PROFUNDO

El Estado reúne a los detentadores de poder gubernamental, partidos políticos, IFE y expertos, así como a la clase empresarial para dictaminar un nuevo credo democrático, además de realizar cambios profundos en la legislación electoral, a efecto de que se integren nuevas fórmulas de legitimidad representativa, tales como: instrumentos fiscalizadores ciudadanos para ratificar o quitar a representantes populares, tales como referéndum, plebiscito y juicios ciudadanos en el poder Judicial, con la finalidad de devolver cierto grado de confianza y credibilidad al subsistema electoral sin caer en anarquía; candidaturas civiles independientes, juicios ciudadanos a malos legisladores, funcionarios de gobierno y recomposición del mismo IFE.

Asimismo, habría una transformación del abanico de prerrogativas financieras a los partidos, sueldos de los legisladores y auditoría a la utilización de recursos. El Estado mexicano sabe bien que de no hacerlo, se daría pie al resurgimiento de movimientos guerrilleros, la puesta en marcha de acciones de la sociedad civil sin control de liderazgos conocidos (y por tanto difíciles de controlar), movilizaciones masivas y el desprestigio total de la legitimidad del poder.

ESCENARIO DE EXCEPCIÓN

Ante la caída de legitimidad de las elecciones y la falta de maniobrabilidad de los aparatos gubernamentales y partidistas se implantarían acciones autoritarias, tales como juntas especiales en los tres niveles de gobierno que involucraran la presencia de las fuerzas armadas, iglesia, empresarios, partidos políticos y sociedad civil afín, para administrar las instituciones del Estado. Esto daría cabida a que momentáneamente o por un largo periodo hubiera un retroceso de las libertades y derechos civiles de la sociedad.

CONCLUSIÓN

Lo que Fox Quesada y Calderón Hinojosa no han podido hacer en materia de transición, la sociedad civil lo está empezando a hacer. Los desenlaces son impredecibles, pues no hay certeza de que evolucionen hacia estadios democráticos porque incluso puede darse una involución causada por la intervención directa de las fuerzas más reaccionarias del sistema político.

De cualquier forma el subsistema electoral ya se agotó, ya quemó sus cartuchos útiles y es necesario un cambio profundo de actitud y conducta para construir un país verdaderamente democrático. No por miedo al futuro se detiene el devenir de un país B.H.G.