EL REGISTRO DE TELÉFONOS CELULARES EN MÉXICO Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO.
Por Baltasar Hernández Gómez.

No se trató solamente de saber el paradero, identificación y número exacto de teléfonos celulares en México a través del programa RENAUT [Registro Nacional de Usuarios de Telefonía], sino de observar el grado de confiabilidad que tiene la ciudadanía hacia el gobierno. Los cien millones de celulares existentes en la red de telecomunicaciones, que por mucho tiempo han andado anónimos, con datos falseados o incompletos, debieron ser registrados -por mandato legislativo- ante la secretaría de Gobernación teniendo como plazo el 10 de abril pasado, porque de acuerdo a legisladores y autoridades esto ayudará a que se supriman actos ilícitos (amenazas, secuestros, extorsiones, entre otros hechos empleados por las diferentes mafias).

Hasta el día de hoy la respuesta social alcanzó un setenta y cinco por ciento de cobertura, cifra voluminosa que no necesariamente refleja la estricta observancia a un ordenamiento legal, sino el tamaño del miedo de los propietarios de celulares a perder su número telefónico. Veinticinco millones de líneas móviles quedaron fuera del “catálogo oficial”, mismas que supuestamente serán invalidadas por las compañías que brindan este tipo de servicio (descontando momentáneamente a las personas suscritas a Telmex, debido a que ganó un amparo temporal y la negativa de Movistar a acatar la medida promovida por la administración del presidente Calderón Hinojosa).

El registro de teléfonos móviles no puede ser tomado como un parámetro para establecer virtudes sociales por el acatamiento o no de la orden gubernamental. No hay buenos o malos ciudadanos convertidos o no en puntuales consumidores del espectro hertziano concesionado a empresas monopólicas, pues dicha medida no es más que la aspiración para conformar un directorio telefónico que, de entrada, debió haber sido estructurado por las operadoras telefónicas en coordinación con las instituciones del Estado encargadas de fiscalizar las telecomunicaciones. ¿Inscribirse o no inscribirse? Este es el cuestionamiento que esconde un tejido de permisos, corruptelas, omisiones, ocultamientos, carencia de reglamentación y supervisión de las telecomunicaciones en México, actos que han sido permitidos por diferentes administraciones federales. El registro fue mandatado por el Poder Legislativo, derivado de supuestas “extorsiones” sufridas por diputados.

En medio del torbellino -como siempre- se encuentra la ciudadanía que tiene que ajustarse a los requerimientos de los gobiernos en turno. Aunque haya cierto tufo a ingenuidad en las preguntas debo plantearlas: ¿Por qué registrarse? ¿Para ser ciudadanos ejemplares en el acatamiento de las necesidades del gobierno?¿Para desterrar actividades ilícitas de organizaciones delincuenciales? ¿Para constituir un padrón de usuarios que ratifique que son muchos los propietarios de aparatos de comunicación, y que debiera ser la base para someter a análisis la eficiencia, confiabilidad y costos de la telefonía mexicana? Hasta el momento sólo se cuenta con una red colosal, cara y muy vulnerable.

El registro de aparatos celulares es un intento de “hacer que se hace, para acabar no haciendo nada":

Primero.- El gobierno debió obligar a las compañías telefónicas a vender aparatos y líneas exigiendo datos oficiales a los compradores y estableciendo un cruzamiento informativo para facilitar la filiación de los celulares.

Segundo.- El registro -por demás extemporáneo- careció de una metodología procedimental y tecnología efectivas para entrelazar -con informes fidedignos- propiedad y lugar de residencia de los teléfonos activos en el territorio nacional, pues como ahora se sabe, hay miles y miles de líneas que fueron inscritas con nombres de gobernantes, políticos, funcionarios y empresarios conocidos.

Tercero.- Quienes se registraron por temor a perder su teléfono no respondieron a una máxima patriótica, sino a una mera obligación. En el caso contrario, muchos de los que no registraron sus celulares adoptaron una postura de negligencia, pero sobre todo de hartazgo a respetar y cumplir con las ocurrencias gubernamentales, poniendo al descubierto que cada vez es menos la confianza social hacia sus autoridades. Algunos más se negaron a inscribirse en el RENAUT porque tienen la “sospecha” de que no va a pasar absolutamente nada y seguirán disfrutando de sus líneas.

“El miedo no anda en burro” reza un adagio popular mexicano, ya que una gran parte de la sociedad no reconoce en políticos, gobernantes, militares o empresarios a individuos u organizaciones dignos de credibilidad. Sólo hay que retrotraer el proyecto RENAVE, coordinado por Ricardo o Miguel Ángel Cavallo, quien ganó la licitación para operar el registro de automóviles en México y que luego resultó prófugo de la justicia argentina por su infame actuación como militar fascistoide de los regímenes dictatoriales de las décadas comprendidas entre los años setentas y noventas. Luego entonces ¿Cómo creer en el gobierno y la I.P., cuando se han vendido enormes listas de datos confidenciales de ciudadanos al mejor postor; cuando nadie conoce los destinos finales de información oficial clasificada y mucho menos el uso de recursos presupuestales?

¿Cómo creer en políticos, funcionarios y empresarios, cuando unas veces se enfrentan y otras se alían para obtener el mayor número de prerrogativas legales, políticas, y económicas en detrimento de la sociedad; cuando empresarios se convirtieron en millonarios de talla internacional por la desincorporación discrecional y venta selectiva del patrimonio nacional, como los ingenios azucareros, procesos productivos, energía, bancos, transportes y telecomunicaciones?

El inconsciente colectivo, que cada vez más se materializa en consciente actitud participativa, optó mayoritariamente por registrarse, debido al terror a perder su principal medio de comunicación, ya que los celulares son actualmente oficinas ambulatorias, casas móviles y el “otro yo socializado” que debe estar siempre disponible. Hay que estar atentos a ver en qué termina esta trama, esperando que el registro de celulares no sirva para que nos inunden de correos electrónicos publicitarios, llamadas anónimas, presiones gubernamentales y empresariales o para ser vigilados clandestinamente. Ojalá que todo concluya en un acto de orden y buena voluntad, como tanto se pregona. ¿Será? Sólo nos queda ser observadores, analíticos, críticos y escépticos. B.H.G.