INSEGURIDAD PÚBLICA: UN PROBLEMA DE POLÍTICA

INSEGURIDAD PÚBLICA: UN PROBLEMA DE POLÍTICA.
Esbozo analítico sobre el caso Acapulco, Gro. México
Por Baltasar Hernández Gómez

Distintas encuestas hechas desde el año 2000 han dado como resultado que la preocupación por la inseguridad en el continente Americano, solo es equiparable a la preocupación existente por las variables económicas que están presagiando crisis severa desde principios del nuevo milenio. Esta opinión trasciende clases sociales y niveles educativos, es decir, existen y persisten en todos los sectores sociales. Hay la percepción de que el problema de inseguridad por el incremento de la criminalidad no solamente no se detiene, sino que es imparable. En el fondo de las cosas hay una falta desconfianza y apoyo a las respuestas institucionales, que se visualizan como acciones de reacción y no de prevención o combate con base en programas estructurados.

Es así que la seguridad pública y la criminalidad se han convertido en temas centrales para la atención pública en México. En América Latina, la seguridad pública también se ha vuelto un tema prioritario, debido al incremento de la criminalidad. Durante la década de los noventa, los crímenes han ido al alza, yendo desde los delitos de robo a personas, casa habitación, empresas, asaltos bancarios, robo de autos hasta llegar a las nuevas conductas ilícitas como secuestros express, narcotráfico (menudeo y a gran escala), robos a cajeros automáticos, entre otros.

Son varios los factores que han provocado este incremento de la inseguridad, no sólo en nuestro país, sino también en América Latina, destacándose lo siguiente: a) El deterioro de las condiciones de vida, específicamente la creciente desigualdad entre los sectores con un nivel económico elevado, clases medias y las clases más depauperadas por los efectos de la globalización neoliberal; b) El término de los conflictos armados en la región, que dejaron patrones culturales tolerantes a la violencia, así como la disponibilidad de armas y una población “flotante” sin otro oficio que la guerra misma; c) Modelos conductuales de consumo de alcohol y drogas, relacionados sobre todo con la comisión de delitos violentos.

Por tanto, la garantía para mantener el control civil del aparato de seguridad y alejarlo de las prácticas autoritarias y arbitrarias del pasado se volvieron metas inmediatas de los gobiernos democráticos emergentes, durante los últimos 20 años (una de las condiciones prevalecientes del modelo neoliberal, que establece equilibrio social para la inversión) . Un ejemplo de ello es el cambio de nomenclatura para denominar al problema de inseguridad, ya que actualmente en muchos países latinoamericanos se habla de seguridad ciudadana en vez de seguridad pública. Esto evidencia la “democratización” de este concepto y la expectativa para activar una mayor participación social en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en este rubro.

ESTADO DE COSAS PREVALECIENTE A NIVEL NACIONAL.-

La seguridad pública es un derecho que debe garantizar el Estado Mexicano, a fin de proteger a la sociedad en su conjunto – en forma igualitaria- y siendo coherente con la Constitución. La seguridad permite desarrollar todas y cada una de las actividades sociales, políticas y productivas de la sociedad, con la meta de hacer sustentable el bienestar social.

Sin lugar a dudas uno de los problemas sociales más trascendentales que vive México es el incremento del crimen, representado éste como la comisión de un delito grave, que atenta contra los individuos y la Nación. Este fenómeno, que no sólo lesiona el patrimonio y la integridad física de las personas, sino que también conlleva un deterioro del estado de derecho, desalienta la participación social ampliada, así como el desarrollo económico, disminuyendo con ello el potencial de crecimiento económico del país.

El Estado Mexicano tiene como una de sus funciones primordiales controlar –en equilibrio- las realizaciones de todos las personas que habitan en su territorio y por ello es prioritario que combata eficazmente a la delincuencia, con el propósito de mantener un ambiente institucional-social-político-económico que haga prevalecer la convivencia armónica, para el pleno avance del quehacer nacional.

Es un hecho innegable que en los últimos años ha habido un crecimiento de la criminalidad, que resulta alarmante, ya que esto impide el desarrollo sostenido de las actividades sociales. Lo anterior genera además de incertidumbre, intranquilidad y desconfianza social hacia las instituciones, una mayor desigualdad y pobreza.

En México, el control de las instituciones responsables de seguridad pública, si bien ha sido un tema de discusión, no ha sido definida orgánicamente eficiente, pues se han intentado innumerables corporaciones, pero sin resultados contundentes. Aún cuando desde el año 2000 empezó la alternancia, las inercias de 70 años de régimen cuasi-unipartidista ha impedido mayores y mejores avances. Sin embargo, a partir de 1996 la seguridad pública comenzó a llamar la atención y ser un elemento de primer orden para la opinión pública, en virtud del incremento percibido en crímenes del fuero común y federal, que tocaban las esferas personales de vecinos, compañeros de trabajo, familiares, en una forma por demás generalizada en diferentes regiones del país.

En el Distrito Federal, por ejemplo, el promedio diario de delitos del fuero común denunciados ante el Ministerio Público local, aumentó de 366 en 1993 a 679 en 1996, y a 700 en 1997.

Ante la presión pública organizada en comités vecinales, quejas y la intervención de los medios de comunicación, el gobierno federal y los otros órdenes regionales y locales empezaron a aplicar (en una especie de modelo acierto-error) estrategias: desde el aumento en las penas para algunos delitos, creación de cuerpos especializados de prevención, ejecución e inteligencia hasta la participación de las fuerzas armadas en tareas de entrenamiento , vigilancia y control de los delitos. Aún con estos esfuerzos es evidente que falta mucho por hacer, ya que en México el debate sobre la seguridad pública se encuentra en fase inicial. Las corporaciones policiales mexicanas siguen siendo instituciones que no gozan de la confianza pública ni tampoco de la debida preparación, evaluación, ni mucho menos debidamente equipadas.

El deterioro de la percepción de la opinión pública no es gratuito ni inventado, pues los resultados han sido exiguos, inconsistentes y, en la mayoría de los casos limitados. Esto se puede observar en las encuestas sobre valores de los mexicanos, en las cuales las policías siguen siendo instituciones que no son dignas de la confianza ciudadana. Esta desconfianza afecta en forma directa el trabajo de la policía pues si no existe este valor, tampoco hay respeto ni cooperación. Ello produce además un bajo nivel de denuncia de delitos, lo cual deriva en inconsistencias extremas que hacen difícil dimensionar el problema.

Se calcula que solamente se denuncian 2 de cada 10 delitos cometidos, razón por la cual se vive una situación de extrema impunidad. Es así que las consecuencias de la inseguridad van más allá de la erosión del estado de derecho, ya que también acarrean pérdidas económicas y sociales. Según el Instituto Ciudadano para Estudios sobre la Inseguridad, la pérdida promedio por víctima en 2001 fue de $13,245.00. Si se multiplicara esta cifra por las victimas probables se tendría un aproximado de 49 mil millones de pesos.

Otro tipo de costos económicos que atrae la inseguridad, por ejemplo, varían desde el gasto de las personas para protegerse, que van desde un bastón para su auto, o un sistema de seguridad personal o de su hogar.

Entre los estragos económicos visibles, pero sobre todo sensibles se incluyen horas hombre por el estrés o recuperación de una víctima después de haber sufrido un delito, así como el tiempo que se invierte en denunciar y ratificar una denuncia, pero por encima de esto se encuentra el impacto negativo de inseguridad permanente.

Asimismo, existe un costo por introducir medidas preventivas dentro de las rutinas diarias de cada ciudadano (por ejemplo elegir vías congestionadas, pero seguras), también por las actividades que se dejan de realizar por el temor de ser víctima de un delito por el clima generalizado de inseguridad.

La seguridad también conlleva problemas de salud, sobre todo cuando se trata de delitos violentos, pues el resultado incluye lesiones y, en el último de los casos defunciones. Si bien en México se informa oficialmente de un decremento en la tasa global de homicidios, esto es cuestionable y heterogéneo por la composición regional. Existen algunas zonas geográficas del país –aquellas donde prevalecen los problemas de narcotráfico- donde se presentan índices escandalosos de incremento de homicidios.

Sirva este ensayo para exponer que el incremento de la criminalidad en México representa un reto para las instituciones públicas del Estado Mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), por lo que se hace imprescindible tratar el problema como un asunto político, sin que ello represente solamente a la esfera de los poderes republicanos, en tanto estructura de poder, sino más allá, es decir, en el núcleo mismo de la sociedad, toda vez que concierne al bienestar integral de todas y todos los mexicanos.

Las características específicas para afrontar el estado de cosas sobre el incremento de la inseguridad pública deben moldear un tratamiento concepto, a fin de que el gobierno local intervenga en forma frontal, considerando lo que a continuación detallo:

•Intención y voluntad para cambiar la estructura, procedimientos y reglamentos inherentes a los cuerpos de seguridad.

•Establecer una planificación estratégica para diagnosticar y atacar el problema, que conlleve a ejecutar programas específicos con amplio espectro de cambio, que sean percibido y sentido por la sociedad en su conjunto.

•Intervención coordinada con las instancias gubernamentales de los otros dos niveles, a efecto de recomponer normatividades, programas sociales, escolares y de asignatura, para que exista una cultura participativa de la sociedad con las autoridades, tanto en el ámbito legislativo, académico yde acción permanente.

•Modificar los modelos para allegarse recursos de todo tipo, que tenga como prioridad la modernización y fortaleza de la seguridad pública en el municipio.

RAZONES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA INSEGURIDAD.-

La Carta Magna mexicana reconoce la importancia de la seguridad pública, estableciendo como una obligación ineludible para el Estado -en su artículo 21- la protección efectiva de todos los mexicanos. Dicho tratamiento en la práctica social deriva en beneficios maximizados, sobre todo por la eficacia para mantener en niveles aceptables y funcionales el bienestar integral.

Establecer un sistema de seguridad eficiente no sólo provee beneficios a las personas, empresas privadas y a la organicidad de las instituciones generales, como sería una adecuada protección a la integridad física, bienes e inversiones, sino también hace prevalecer el estado de Derecho, lo cual se traduce en alicientes sociales, propiciando un ambiente apto para el crecimiento material (tangible en la economía) y humano (intangible como la cultura, tranquilidad en la convivencia, deporte y crecimiento interno). Ambos se concretan en equilibrio, certidumbre, favoreciendo el desarrollo nacional.

Si esto no se logra existe el efecto contrario, es decir, cuando existe un ambiente de inseguridad hay generación de disfuncionalidades que se traducen en costos sociales, verbigracia “facturas”, que reducen la efectividad de las políticas públicas y la certidumbre ciudadana en ella misma y sus instituciones republicanas.

En este sentido, la inseguridad traducida en el alza del crimen conlleva a la inoperancia del estado de Derecho, lo que trae consigo consecuencias alarmantes en el plano social (la falta de certeza de personas y familias para la consecución de sus tareas cotidianas), pero también costos económicos(inversiones, fuentes de trabajo, pérdidas patrimoniales), que inhiben la generación de riqueza.

Es por ello que el Estado mexicano y sus aparatos de gobierno -en sus tres órdenes jurisdiccionales- debe otorgar un sistema de seguridad pública que ofrezca protección y acceso expedito a la justicia. Aún más cuando la criminalidad en México presenta un franco crecimiento durante los últimos años. El aumento de la delincuencia en el país ha sido de tal magnitud que ha provocado un excesivo sentimiento de inseguridad entre la población, particularmente en el Distrito Federal, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco, Monterrey, entre otras más.

Para puntualizar la importancia del alza de la criminalidad, en el año 2000 se identificaron cinco presuntos delincuentes del fuero común por cada uno del ámbito federal. Cabe resaltar que, en México no existe información histórica a nivel nacional sobre el número de denuncias. Los datos que se disponen son del número de presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia por fuero (común y federal). Dada esta limitante utilizaré la información concerniente al número de presuntos delincuentes como una variable aproximada del problema.

Los datos a los que me referiré se centran a las cifras oficiales del año 2000, mediante las cuales se registraron un total de 183,977 presuntos delincuentes. El 84.5 por ciento de ellos (155,479) correspondientes al fuero común y el restante 15.5por ciento (28,498) al fuero federal. En términos de su crecimiento, el número total de presuntos delincuentes en México se incrementó casi en 142 por ciento, en el periodo comprendido de 20 años, o sea, de la década de los ochenta al año 2000, siendo el del fuero común de 123 por ciento.

En lo que respecta al robo, éste es el delito más frecuente, crimen por el cual 34.2 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero común fueron consignados en el año 2000. En el delito de robo se considera el robo de vehículos, a transeúntes, comercios, transporte y casa habitación. Después del robo, le siguió el delito por lesiones, con 22.8 por ciento de los presuntos delincuentes durante el mismo año. La alta proporción de presuntos delincuentes por lesiones revela que el crimen se acompaña por un importante grado de agresión, lo que sin duda está contribuyendo a que se generalice un sentimiento de inseguridad nacional.

Los presuntos delincuentes del fuero federal son aquellos que cometieron delitos en materia de narcóticos, los previstos en las leyes de armas de fuego, población, vías de comunicación, equilibrio ecológico y falsificación de documentos, entre otros. El 80 por ciento de ellos fueron consignados por los primeros tipos de delitos.

Por lo que respecta al crimen violento, los presuntos delincuentes por homicidio representaron 4.2 por ciento del total, predominando el homicidio con arma de fuego, instrumentos punzocortantes y explosivos. De hecho, los dos primeros tipos de homicidio representan 80 por ciento del total de homicidios intencionales.

En mayo del 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, realizó la primera encuesta nacional sobre Inseguridad Pública en las entidades federativas, y el levantamiento de la misma estuvo a cargo de las empresas encuestadoras Bimsa, Berumen y Asociados, Consulta Mitofsky, entre otras más.

Se trata del primer diagnóstico sobre el problema de la inseguridad, con información confiable acerca de su cuantificación fáctica y su percepción social, y sus resultados forman parte del estudio que entregó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. a la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República.

Según refiere el ICESI, el trabajo se realizó del 2 al 24 de marzo del 2002, tomando en cuenta delitos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2001, para lo cual fueron encuestados 35 mil hogares. El estudio, con una confiabilidad de 95%, arrojó, entre otros, los siguientes resultados: 4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia, y los daños y las pérdidas materiales ascendieron a 49 mil millones de pesos, equivalentes al 0.85% del Producto Interno Bruto. El 92% de los delitos fue robo, y en el 44% de los casos concurrieron la violencia y armas de fuego.

El 66% de las víctimas no denunciaron el ilícito porque les parece “que sería una pérdida de tiempo y que los trámites son largos y difíciles”. Además, ante el aumento de la criminalidad, el 23% de la población abandonó el hábito de salir de noche. En el Distrito Federal, la cifra alcanzó al 39% de los hogares; en Baja California y Morelos, al 21%; en el Estado de México, al 20%, y en el estado de Chihuahua, al 16%.

Por cada cien mil habitantes, se cometieron en promedio 4 mil 412 delitos a nivel nacional en ese mismo año. Pero sólo en el Distrito Federal la cifra fue 17 mil 718 delitos por cada cien mil habitantes, seguido de Morelos, con 5 mil 573; de Baja California, con 5 mil 531; de Chihuahua, con 4 mil 979 y del Estado de México, con 4 mil 778 delitos.

Del total de las víctimas de la delincuencia, sólo el 34% reportó el delito ante algún tipo de autoridad, y en las pocas actas levantadas ante el Ministerio Público se encontró que en el 45% de los casos “no pasó nada”, que en el 23% no procedieron las denuncias, que el 17% de éstas se encontraban en trámite y que sólo en un 11% de los casos fue consignado el delincuente.

De acuerdo con la encuesta, el 47% de los mexicanos se sienten inseguros, y en cuanto a la modificación de hábitos por esa causa, el 44% de la gente no porta en la calle dinero en efectivo, el 37% no usa joyas y el 27% no visita amigos y parientes que viven lejos.

En su segunda encuesta nacional, realizada entre enero y junio del 2002, el ICESI encuestó 35 mil 174 hogares del país entre el 9 y el 30 de agosto del 2002, y llegó a la conclusión de que en el 9% de los hogares mexicanos al menos una persona fue víctima de un delito. Sólo 17 personas de cada cien lo denunciaron ante el Ministerio Público.

Uno de cada dos delitos se cometió con violencia y con arma de fuego. Tres de cada cinco ilícitos fueron cometidos por más de un delincuente y una de cada ocho víctimas conocía a sus agresores. La población percibe, según el estudio, que los delitos que tuvieron mayor aumento son los relacionados con el narcotráfico, especialmente la venta de drogas al menudeo, el asalto en la vía pública, el robo de vehículos y el robo o asalto a casas-habitación.

Referente a la confianza que inspiran a los ciudadanos las instituciones, el ICESI señala que las policías preventivas tienen una confianza de 5.3 por ciento, los policías judiciales o ministeriales 4.9 por ciento y el ministerio público 5 por ciento. Se percibe una confianza mayor en las corporaciones federales que en las locales, lo que podía deberse a que las policías federales tienen mejor capacitación.

Dichas estadísticas comprueban fehacientemente que el estado de cosas prevaleciente en materia de inseguridad no puede dejarse como está, toda vez que si continúa así habría una clara descomposición del tejido social, político y económico del entorno. Es por ello que las derivaciones problemáticas del asunto deben ser tratadas con un sistema bien delineado de conductas orientadas a fortalecer la seguridad pública, con plena disposición de los actores gubernamentales y de la sociedad civil.

La falta de apoyo permanente y planificado de los cuerpos de seguridad, la desorganización, las ocurrencias reactivas que produce el problema de criminalidad, los cambios de estafeta en los mandos jerárquicos, la crisis económica y la falta de voluntad decidida para enfrentar el estado de cosas indeseable en este rubro han contribuido a que “todo parezca que cambie, para que nada cambie”, al más puro estilo del gatopardismo, maximizando riesgos y deteniendo la intervención oportuna de las instituciones del Estado y su aparato gubernamental.

Por lo mismo la conducta a seguir por las instancias correspondientes para atacar el problema y sus consecuencias indeseables están o deben estar centradas en: compenetración del gobierno con la sociedad civil no organizada, asociaciones, partidos, sindicatos, instituciones educativas, pero sobre todo con

El conjunto de la psique orientada a la niñez y juventud. De tal manera que haya una coordinación consensuada entre gobierno-instituciones civiles- militares-empresarios-turistas-estudiantes-amas de casa-trabajadores y organizaciones políticas, a fin de que los cambios propuestos sean una constante para aplicar, supervisar y evaluar en un proceso de mejora continua.

DIMENSIONES DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN ACAPULCO.-

Derivado del estado de cosas prevaleciente a nivel nacional, los ayuntamientos guerrerenses están forzados a regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como prevenir los delitos del fuero común, vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y los reglamentos vigentes en la materia dentro del municipio. Asimismo, con base en el último párrafo de la fracción III del artículo 115 Constitucional, los municipios, previo acuerdo del Cabildo podrán coordinarse para la prestación eficaz de dicho servicio, situación que se ajusta por lo expuesto en el artículo 21 de la Constitución.

El objetivo central de los 81 ayuntamientos del estado, pero primordialmente el de Acapulco, es devolver a la sociedad la idea precisa de seguridad y justicia; la confianza de las familias guerrerenses en el presente y su futuro; y a cada ciudadano la certidumbre de que su autoridad local avanzará en la protección de su persona, de su patrimonio, así como en la plena observancia de sus derechos humanos, una tarea central de los ayuntamientos guerrerenses que debe prevalecer.

Desde el inicio de la administración porteña de Félix Salgado Macedonio (2005-2008) la ola de inseguridad rebasó cualquier tipo de expectativas: decapitados en la colonia Garita; en las escalinatas del propio Ayuntamiento (lo que orilló a dicho presidente municipal a desaparecer del escenario público y refugiarse en su domicilio particular por varios días, en compañía de sus más cercanos colaboradores); reportes de exceso policial contra residentes y turistas; robos a casa habitación, así como asaltos en transporte público y en lugares de concentración.

Los resultados saltan a la vista: desconfianza en su máxima expresión hacia los cuerpos policiales; nula credibilidad en las autoridades encargadas de la procuración de justicia; incertidumbre en el tránsito peatonal y vehicular; violaciones a los derechos humanos en retenes civiles: mayor número de personas con armamento no autorizado; escaso margen de maniobra para implantar un programa integral y coordinado de las instituciones de seguridad; división ciudadana en la convivencia vecinal-laboral, y una baja de captación de turismo nacional e internacional, que es la principal fuente de ingresos económicos del municipio y de la entidad.

ESTADO DE COSAS INDESEABLES QUE TRAE CONSIGO LA INSEGURIDAD.-

DESDE LA ÓPTICA SOCIAL:

La sociedad de Acapulco ha forjado un punto de vista negativo hacia las autoridades locales y también hacia ella misma, debido al incremento de la inseguridad por la carencia de programas estructurados de participación, prevención y procuración de justicia, pero también por la nula respuesta de corresponsabilidad y organización ciudadana.

Desde este enfoque los cuerpos policiacos interactuantes en el municipio no están preparados, entrenados para brindar un servicio digno y oportuno a la ciudadanía. Carecen de educación escolarizada a nivel medio superior y superior, actualización, armamento, vocación, pero por encima de esto, pesa la figura de corrupción protegida y alentada por los distintos estratos burocráticos.

Por otro lado, el propio clima de inseguridad ha desmovilizado a la sociedad acapulqueña, muestrea de ello han sido la nula participación en marchas y concentraciones por la paz, que fueron convocadas por empresarios, ONG, a nivel local y nacional. Esto ha motivado una apatía, lo cual es contradictorio con la percepción contraria a las autoridades policiales.

Esto también se convierte en corrupción ciudadana, alentando el mal servicio de los policías, lo cual se vierte en otras esferas administrativas, que hacen de la inseguridad de vida en un espacio que abarca hasta los más simples trámites de ventanilla.

Luego entonces, el problema de la inseguridad se vuelve indeseable desde cualquier punto de vista: lacera el patrimonio y la economía de las familias acapulqueñas; retarda el cumplimiento de actividades escolares, laborales y profesionales; crea confusión y temor a la autoridad municipal y sus cuerpos policiales; desacelera el desarrollo económico de la industria hotelera y gastronómica, lo que se vuelve un círculo de desempleo y mayor pobreza, recayendo en altos niveles de delincuencia; pérdida de la capacidad sensible de la sociedad, que está terminando de ver como “natural” los robos, asesinatos y todo tipo de crímenes; poca o nula participación ciudadana en el quehacer social y político-electoral, manifestándose, entre otras cosas en abstencionismo e irresponsabilidad para tratar los asuntos de la polis.

La sociedad civil tiene que participar activamente en este reglón, ya que la seguridad pública es: una acción colectiva en la que deben estar comprometidos todos los actores sociales y políticos; el combate a la inseguridad debe ser el resultado de un cambio de actitud , hábitos y pautas axiológicas.

DESDE LA ÓPTICA GUBERNAMENTAL.-

La inseguridad trae consigo lo siguiente:

A) Escaso cumplimiento de las tareas de bienestar social a través del otorgamiento de seguridad pública, para mantener la cohesión social.

B) Deterioro de la comunicación entre gobierno y sociedad.

C) Uso irracional de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros destinados al rubro de seguridad pública.

D) Clima de incertidumbre y desconfianza ciudadana hacia sus autoridades.

E) Proliferación de bandas criminales, que provocan más delincuencia, como por ejemplo robos, secuestros, venta de enervantes, uso de armas reglamentarias para las fuerzas armadas.

F) Problemas educativos y de deserción escolar de niños, jóvenes y adultos, lo cual incrementa ignorancia e irresponsabilidad social.

G) Abuso de elementos de seguridad pública al no existir controles de desempeño. Logística y armamento.

H) Alejamiento de la sociedad de las instancias preventivas y de procuración e impartición de justicia.

I) Maltrato y abuso hacia las personas que pueden ser consideradas vulnerables: niños, discapacitados, adultos mayores, indigentes, enfermos mentales, personas humildes, indígenas, incluyendo a los visitantes que por su idioma no pueden identificarse.

J) Baja de la percepción hacia los servidores públicos, lo que aleja la interacción entre gobernantes y gobernados.

K) Reproducción del estado de cosas negativo por la falta de una política pública de educación, culturización, señalización y capacitación, que termina por impedir cualquier tipo de mejorías. Esto se puede visualizar tanto en las esferas gubernamentales, policiales y ciudadanas.

L) Cesión de una buena parte del control social a organizaciones delincuenciales, que además de empobrecer lo material de las familias acapulqueñas, someten al imperio de la sinrazón y la droga a niños, jóvenes y adultos.

PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y OPCIONES DE POLÍTICA.-

Primeramente, cabría preguntarse ¿Cuáles serian las estrategias fundamentales para que las acciones en materia de seguridad pública puedan tener éxito en el mediano y largo plazos? La respuesta sería: empezar a crear espacios de diálogo con información precisa, con poder resolutivo, de participación social y comunitaria, así como resolución expedita a los problemas, a efecto de que el diseño , instrumentación y evaluación de los programas sean producto del consenso y la confianza de todos los sectores ciudadanos y gubernamentales.

La formulación de una estrategia adecuada es seguramente una condición necesaria, pero no suficiente para que haya éxito y perdurabilidad. Esto requiere de la participación de la sociedad civil, pues ésta es protagonista, beneficiaria, evaluadora e inductora de los principales temas de la seguridad municipal y de las acciones tangibles para erradicar lo indeseable-disfuncional.

Esto supone partir de la premisa de que todos los ciudadanos estén plenamente convencidos de que las metas propuestas en el programa de seguridad son confiables, realizables y que se pueden verificar en el tiempo; así la participación social se entiende como el compromiso de todos los actores para que se pueden alcanzar los objetivos de contención y disminución de la inseguridad pública, así como de la observancia de la legalidad de los cuerpos policíacos, de mayor profesionalismo en su desempeño, en el respeto a los particulares estilos de vida de las personas y a sus derechos fundamentales .

Como políticas públicas, los programas de seguridad se comprenden como el conjunto de estrategias y líneas de acción para alcanzar la reducción de los índices delictivos, mediante la elaboración de diagnósticos rigurosos, planificación sistemática y evaluación correctiva como principios reguladores, en primer instancia.

El perfil que debe tener la policía municipal que la sociedad acapulqueña demanda debe apegarse invariablemente a los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, transparencia y honradez. Debe conducirse con apego del orden jurídico y respeto a los derechos humanos, prestando un servicio a las personas y protección de los bienes púbicos y privados. Debe abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura aún cuándo se trate de una orden superior, denunciando a las instancias correspondientes.

Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar pagos o gratificaciones distintas a la prevista legalmente, velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se pone a disposición del ministerio público o de la autoridad competente. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles el apoyo como en su caso, que el derecho proceda obedecer las órdenes de superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones siempre cuando sean conforme a derecho.

Para alcanzar el punto de eficiencia en este rubro se necesita de:

• Hacer re-funcionar la Academia de Policía, terminando de construir las instalaciones establecidas desde 2004 y operando con una planta profesional de cuadros académicos y operativos multidisciplinarios, bases físicas adecuadas, currícula, escolaridad, entrenamiento, misión, visión, valores, exámenes exhaustivos para determinar vocación y perfiles de los cuadros operativos y administrativos.

• Depurar la plantilla de policías, sobre todo los que por muchos años han permanecido como reincidentes en cuestiones de doping, excesos de autoridad, indisciplina, etc.

• Otorgar actualizaciones focalizadas para uso del armamento, en coordinación con las fuerzas armadas y otras corporaciones nacionales y foráneas especializadas, que mantengan vigente conocimientos, tácticas y condición física y mental.

• Modernizar los instrumentos internos de estadía, desempeño y acción por medio de códigos estrictos de conducta; premiar a los mejores elementos o castigar- erradicar a los malos. Para ello se necesita de una imagen de servicio y vocación (uniformes ad hoc, manejo correcto de protocolos, idiomas y trato social).

• Tener un armamento y equipo funcional y actual, debidamente administrado y con mantenimiento, erradicando la compra de estos por parte de los elementos policiales y también el mal uso de los mismos.

• Someter a concurso bien planificado las plazas, ascensos y movimientos de los cuerpos policiales sin excepción por recomendaciones o encargos.

• Incrementar los operativos de vigilancia en los centros de educación del municipio para detectar la venta de drogas, pandillerismo y otras formas de hechos delictivos, de acuerdo a la organización estructurada de mapas delincuenciales, cámaras de monitoreo, parque vehicular y zonas conflictivas.

Por otra parte se requiere de:

1) Una coordinación con las autoridades de Educación para implementar cursos sobre civismo, convivencia, respeto a los derechos humanos, responsabilidades y obligaciones, a fin de que niños y jóvenes comprendan la importancia de ser una ciudad, un estado y una nación segura con la participación responsable de todos. Para ello, planes curriculares, profesorado, alumnos y padres de familia deben tener una correlación orgánica.

2) Un acercamiento funcional y permanente entre las instancias de los tres niveles de gobierno para dotar de recursos, administrar y fiscalizar las políticas de seguridad, armamento, equipamiento, instrucción y desempeño policial.

3) Una campaña de educación y culturización a través de mensajes audiovisuales, señalizaciones y comités institucionales-ciudadanos para acrecentar el conocimiento y acción en las actividades de seguridad pública.

4) Una coordinación logística de los cuerpos policiales locales con el estado y la federación, evitando infiltraciones, fuga de información y escesos o divisionismos.

5) Constituir el Consejo de Colaboración Municipal de Seguridad Pública, involucrando a las universidades locales, organismos de participación ciudadana, empresarios, colegios de profesionistas, en particular los profesionales del Derecho y otras instituciones que de alguna manera participen o resulten afectadas con motivo del incremento de las diferentes conductas delictivas.

6) Crear grupos vecinales que cuenten con botón de alarma y línea telefónica directa con los cuerpos policiacos que se estimen pertinentes, de acuerdo, para fortalecer la vigilancia que garantice paz y tranquilidad en las colonias y barrios con altos índices de delincuencia.

7) Incorporar el criterio de arraigo y sectorización de los policías, para que los vecinos califiquen su desempeño, eficiencia y honestidad.

8) Revitalizar el Centro Inteligente de Vigilancia Avanzada con cámaras de monitoreo de vialidades y lugares públicos.

9) Dotar de servicios públicos de alumbrado en playas, calles, barrios y colonias que no tienen luminarias, lo cual evitará la cometida de delitos.

10) Hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, a fin de que, por ejemplo, no se permitan los polarizados en el transporte público y privado, pues impiden la visualización de los viajeros.

11) Coordinación con las instancias públicas encargadas de políticas sociales, así como organismos empresariales, a efecto de promover cursos, talleres ocupacionales, deportivos y de capacitación, que eviten que un número importante de personas estén ociosas, sin oficio ni beneficio social. Con ello se incrementará la base de conocimiento, habilidades y destrezas, que pueden servir para ocuparse laboralmente de manera institucional o emprendedora.

Lo positivo de todo esto radica en que los costos son mínimos, entendiendo esto como una relación íntima, proactiva y de apoyo de todos los actores sociales, incluyendo al propio gobierno (en sus tres esferas de desempeño), es decir, las “facturas” contrarias se verían minimizadas, ya que la gran mayoría de los sectores sociales, políticos y productivos a nivel nacional, regional y municipal están conscientes y padecen de los estragos del problema de inseguridad pública.

Ninguna acción de intervención propuesta es excluyente o se dispara del concierto planificado para mejorar el estado de cosas indeseable, en virtud de que el proceso de “ingeniería política” constituye una sumatoria de voluntades, capacidades y recursos de todo tipo, que van en dirección del mejoramiento del estado prevaleciente en materia de criminalidad común y organizada.

Las opciones políticas determinadas están dirigidas a potenciar las fortalezas de las instituciones constituidas, insertando mejorías cualitativas y cuantitativas, para que se diezme sensiblemente lo indeseable, llegando al punto de hacer de las políticas programadas una constante y no variables trianuales o sexenales o lo peor, dependientes de la balanza en la correlación de fuerzas políticas y sus grupos de presión.

A MANERA DE CONCLUSIÓN.

La seguridad pública no es un asunto público que puede aplazarse más. De ella depende la prospectiva funcional de la sociedad mexicana en condiciones que pueda haber un desarrollo sustentable, en forma permanente y controlada, sobre todo en momentos que a nivel global se vive una crisis económica de gran envergadura.

Acapulco no es la excepción y por ello el diseño propuesto de las opciones de política para transformar lo indeseable del problema de inseguridad están fundadas en elementos viables para ir erradicando los daños directos y colaterales de lo indeseable, que al final de cuentas repercute negativamente en el interés público y, por ende, merma el beneficio general-social.

La meta de los puntos de intervención para mejorar el estado de cosas es llegar a visualizar y atacar los puntos disfuncionales que han incrementado la inseguridad pública, a fin de cambiar el ambiente prevaleciente de incertidumbre, apatía y desmoralización en Acapulco.

Los costos de estas mejoras en el ámbito de la seguridad pública municipal no son ficticios, pues el recurso etiquetado y la voluntad de cambio es lo que puede provocar la determinación de empezar a hacer bien las cosas, que por inercias han perdurado por años. Por tanto las opciones de política son viables y posibles de activar, sin que ello represente costos descomunales ni mucho menos heroicos.

Tal aseveración es una prospectiva que puede resultar en un mejoramiento sustancial del actual estado de cosas indeseable, con calidad y significancia no tan sólo para las instancias gubernamentales que las pondrán en marcha, sino principalmente para el beneficio de la sociedad, que verá y sentirá un mayor nivel de seguridad en su entorno de vida.B.H.G.

BIBLIOGRAFÍA

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