ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL, MANEJO DE CRISIS, MARKETING, COMUNICACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

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lunes, 9 de febrero de 2009

ANÁLISIS SOBRE EL ACUERDO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA EN GUERRERO


ANÁLISIS SOBRE LA PUESTA EN MARCHA
DEL ACUERDO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
(El conflicto en el estado de Guerrero, México. nov.-dic. 2008)

Por: Baltasar Hernández Gómez


ENTRADA


Cuando se activan movimientos sociopolíticos, los líderes tienen un panorama completo de los alcances que se pretenden, pero no pasa lo mismo con la masa participante. El fenómeno de masas, como lo disecciona analíticamente el investigador Pablo González Casanova, establece para sí un núcleo directriz que persigue intereses concretos, determinando el método y procedimientos para alcanzar el fin. La masa secunda y da fuerza.

Los sujetos sociales adheridos a la masa se dejan llevar por la consigna, es decir, por la interpretación de quienes concentran los motivos de la causa. Las personas conocen, interiorizan y luchan teniendo datos subjetivos acerca de la afrenta o del satisfactor a obtener. En el caso del Acuerdo para la Calidad Educativa (ACE) el problema a nivel nacional y su reproducción en los estados no es cuestión de enfoques ni puede dictaminarse a priori si es la estrategia correcta para mejorar la educación en México. Tampoco se puede afirmar que va en sentido contrario. Suponer que el acuerdo es panacea general o afectación directa al magisterio sólo profundiza tensiones.

Primeramente debe conocerse para luego entrar a zona de debate.
De entrada el ACE ha creado un ambiente de pugna, toda vez que el hecho, aunque debiera ser eminentemente estructural-académica, se ha polarizado políticamente, delineándose dos bandos: en una esquina el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y en la otra los profesores (institucionales y disidentes). Si esto hubiera ocurrido hace veinte años, las fuerzas democráticas y su modelo contestatario concentrarían la simpatía y participación de vastos contingentes sociales, ya que representaban la única alternativa para extirpar el autoritarismo que caracterizaba a los regímenes herederos de la revolución y posrevolución mexicanas Los profesores hubieran concentrado para sí el apoyo social, pues todo lo que accionaba el Estado mexicano era apreciado como amenaza a las causas justas.

Sin embargo, en los albores del siglo XXI la negativa magisterial a este acuerdo se encuentra entrampada entre la movilización endémica, descontento de grandes sectores sociales contra sus acciones, dubitación para la aplicación de instrumentos legales, pero sobre todo en el desconocimiento del documento base del ACE. ¿Cuántos profesores y ciudadanos conocen y han leído el acuerdo? ¿Quién ha informado puntualmente sobre sus objetivos, programas y alcances?

EL DETONANTE

El detonador del conflicto que vemos y sentimos un día sí y el otro también, que perturba la cotidianeidad de cientos de miles de ciudadanos en Guerrero es que el ACE fue pactado entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La demanda de calidad educativa se origina en una concertación entre el órgano cupular del sindicato más grande de América Latina y el Poder Ejecutivo, lo cual ha generado un disenso con los profesores agremiados y opositores a la dirigencia del gremio. Esto elimina del centro de atención lo que es importante: la calidad educativa debe ser un proyecto incluyente de factores sociales, económicos y culturales, a fin de que se construya articuladamente la participación de diferentes protagonistas (pedagogos, docentes alumnos, padres de familia, autoridades expertas en la materia, ONG´s, sociólogos, economistas, psicólogos, arquitectos, técnicos, entre otros muchos profesionistas).

La calidad educativa está intrínsecamente ligada a la disposición de todos los actores que intervienen en el proceso y por ello tiene que existir un estudio real, que permita ver la dimensión de las propuestas, así como los resultados a obtener y su operatividad, tanto en lo que corresponde al funcionamiento de las escuelas como de quienes en ellas laboran. Hasta el momento la crisis en este rubro se ha centrado en el nuevo criterio para reclutar y promover a profesores, mediante exámenes de oposición, lo cual está contrapunteado con el modelo de venta y/o herencia de las plazas.

Los cinco ejes del ACE giran en: torno a: a) Modernización de escuelas; b) Profesionalización de profesores y autoridades educativas; c) Bienestar y desarrollo integral de alumnos; ch) Formación para la vida y trabajo, y d) Evaluación continua. En estos puntos se abordan tópicos, tales como infraestructura y equipamiento, que de acuerdo al plan, en 2009 se rehabilitarán 27 mil planteles y habrá dotación de equipo a 14 mil más, así como el proporcionamiento de conectividad a tecnologías de la información a 155 mil aulas. Esta aproximación numérica ofrece la certeza de que la proposición teórica va a ser muy difícil de materializarse, en virtud de que las condiciones económicas (crisis mundial, precios del petróleo, cierre de empresas, recortes públicos, etc.) hacen casi imposible llevar a cabo dichas proyecciones cuantitativas, por no decir alegres.

Visto de manera periférica la ACE pretende esbozar la preocupación para la modernización y mejoramiento del sistema educativo mexicano, pero esta apreciación se estrella con la realidad: para que una reformulación educativa de tal envergadura tenga éxito se necesita un proyecto sustentable, tanto en lo académico, social, económico como político; en la actuación de las autoridades educativas consolidadas en un esquema de profesionalismo, así como un sistema de operación óptimo en las comunidades escolares.

El Acuerdo emerge con el signo de vulnerabilidad, ya que los dos principales actores que lo suscriben {Josefina Vázquez Mota (SEP) y Elba Esther Gordillo Morales SNTE} están inmersos en una trayectoria de desgaste y desprestigio. Son partícipes de “dejar hacer, dejar pasar” para que no se erijan cambios perdurables y se trastoquen componendas sindicales. Luego entonces, no hay reconocimiento de que lo ya existente es serio obstáculo para la congruencia y continuidad de planes efectivo para la calidad educativa en México.

Las líneas programáticas y los buenos deseos del ACE no son cuestiones para desechar por desechar, pues contienen factores vitales para reformular por mejor camino a la educación mexicana. No obstante “las buenas intenciones” se trata de un acto unilateral, aún cuando el discurso insiste que la educación es asunto de todos y para todos. SEP y SNTE unificaron esfuerzos y sacaron conclusiones ad hoc en foros patrocinados, sin embargo hay persistencia de que dicho documento fue elaborado entre cúpulas, una de las cuales (la sindical) ha fracturado, desactivado y coaccionado a los docentes. La otra (el gobierno) ha sido alcahuete del verticalismo y excesos del exlíder magisterial Carlos Jongitud Barrios y Elba Esther Gordillo Morales (recuérdese el paso por la SEP de González Avelar, Zedillo Ponce de León y la actitud del presidente Fox Quesada).

Las repercusiones del ACE atacan directamente el poder de negociación y resolución de la presidencia de la República, pero también de los gobernadores. ¿Cómo digieren los Ejecutivos estatales -al cuarto para las doce- una propuesta de tal magnitud cuando los metieron al circum circa romano, rodeados de fieras que impiden la aplicabilidad del acuerdo? La titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, lanzó la iniciativa, teniendo entre líneas el proverbio “Háganse bolas y resuélvanlo como puedan”. En el mundo real-concreto no ha existido apoyo y mucho menos una política de información y aterrizaje, que permita a las entidades federativas agendar tiempos y acciones para impulsar reuniones con los grupos de interés, secciones sindicales, entre otros actores.

El factor político convirtió el escenario en un espectáculo que no divierte, pero sí perjudica a amplios sectores sociales y económicos: la élite del SNTE vendió su capacidad organizativa a través del partido Nueva alianza y recapitalizó fuerzas. ¿Quién dijo que ya no se intercambian cuentas de vidrio por oro?

CALIDAD EDUCATIVA

Estoy convencido que nadie se opone a la inyección de recursos para la rehabilitación y equipamiento de las escuelas de nuestros hijos. Ningún profesor está en contra de que se brinden beneficios de salud, nutrición y egresión para sus alumnos.. Lo que mantiene en stand by el conflicto es el origen del acuerdo y lo relativo al ingreso, promoción y certificación de competencias. En la colectividad magisterial está posicionado el concepto de “burla” por no ser tomados en cuenta y que el acuerdo se haya dado con quien menos legitimidad tiene.

El problema es que ahora el ACE es un arma política, que no sólo apunta su cañón a Felipe Calderón Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Elba Esther Gordillo Morales, sino que lanza proyectiles a los gobiernos estatales y a la ciudadanía expectante. No se trata de avalar la legalidad y legitimidad del acuerdo o de los actores que en él participan, sino de impedir que esto se convierta en un cóctel molotov que paralice la vida de miles y miles de mexicanos.

Tampoco se trata de justificar -en aras de ratificar ideología progresista- el cierre de calles, suspensión de clases, toma de casetas, marchas interminables, abordaje de transporte público y retención de oficinas gubernamentales por parte de profesores, ya que esto además de que atenta contra la dinámica social, quebranta la posibilidad de soluciones sustentables. Hasta el momento persiste la creencia de que “conseguido algo, hay que ir por más y más”. La defensa magisterial callejera, caracterizada por el griterío, la amenaza a quienes no comparten su particular lucha, no traspasa los linderos de lo inmediato y no abarca la totalidad de los lineamientos del ACE, sino que va en proporción directa al terror de perder la canonjía de propiedad de las plazas (ganada por la complicidad entre autoridades educativas, sindicato y profesores), argumentando el “uso y costumbre”, para trasladar, permutar, adjudicar, heredar y vender sus encargos públicos.

¿Tendremos que aprender a vivir secuestrados por el ACE o por algún otro motivo magisterial que se geste en el futuro? ¿Tendremos que acostumbrarnos a convivir en simbiosis con la cultura de la marcha, la cooperación forzada a las causas de profesores, ejidatarios sin tierra, ambulante, precarista y líderes que quieren prerrogativas particulares? ¿Es posible que para no violentar las reglas no escritas de respeto democrático o rebajar el capital político de partidos y gobernantes, no se apliquen las normas constitucionales para la convivencia, tránsito y respeto a los derechos humanos de la gran mayoría?

Aplicar la ley sin distingos es catalogada como autoritarismo por los manifestantes, pero esto mismo significa un voto de aprobación de la sociedad afectada. En este sentido, el gobernador de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, debe diseñar una estrategia que apuntale gobernabilidad, teniendo presente que vale más el equilibrio de los intereses generales, que la supeditación a vaivenes sectorizados. Es preciso que esto no se entienda como una política de mano dura o insensible, sino se deje sentir como una constante política para arreglar los asuntos públicos sin afectar otros ámbitos de la vida social.

En la búsqueda de alternativas para rescatar efectividad en el tratamiento de este conflicto -que es endosado desde Los Pinos, las calles de Argentina y Belisario Domínguez en el D.F.- que conlleva un efecto “carambola de tres bandas” para los estados, se tienen que efectuar los siguientes pasos: 1) La SEG debe actuar en forma proactiva y no reactiva, informando de primera mano a mentores, alumnado, padres de familia, medios de comunicación y sociedad en general sobre lo que es verdaderamente el ACE y los puntos que exigen los profesores. La razón de las evidencias pondrá las cosas en su lugar: lo que es correcto en el justo medio y lo que no en la intransigencia. Hay que comunicar a través de trípticos, periódicos murales, juntas informativas, boletines de prensa, conferencias, foros con especialistas, padres de familia y spots en medios electrónicos.

Es impostergable que el secretario de Educación en Guerrero, José Luis De la Vega Otero, y el mismo gobernador salgan a la palestra, a efecto de no trasladar el problema vigente a un escenario indirecto donde sea tratado por funcionarios menores o terceras personas. 2) Planear y realizar -sin demoras a propósito- talleres, foros, mesas de debate con carácter analítico y resolutivo, para que se analice la viabilidad del ACE en Guerrero, lo cual va a servir para que, en su caso, se establezca un acuerdo fortalecido o nuevo, en las mejores condiciones para el rubro educativo y sus destinatarios. 3) Tener listo un diagnóstico preciso sobre el estado de cosas en el renglón educativo estatal, más allá de lo que establece la SEP, las estadísticas de la SEG y el magisterio institucional o disidente; con el objetivo de conocer prioridades y abordar factibilidades.

Está por demás subrayar que el ACE es un factor de gran importancia para el futuro de la educación, pero también lo es para el gobernador, ya que se pone a prueba su eficacia para cumplir una exigencia nacional; sus relaciones con el Ejecutivo federal, que obviamente impactarán la distribución de recursos para los próximos años; trato con la dirigencia del SNTE, y la estabilidad regional, porque este foco puede convertirse en acicate para amplificar otro tipo de fenómenos políticos (partidista, electoral y de gobernabilidad) y sociales (cuestiones indígenas, ejidatarios, UAG), pero sobre todo de percepción social sobre su habilidad gubernamental.

Es necesario dejar en claro que los mecanismos del sindicato en cuanto acceso y permanencia de sus afiliados deben cambiarse, porque esto no es conquista sindical fundamentada en la equidad o la justicia. Al mismo tiempo debe suprimirse la herencia y venta de plazas, pues el puesto público no es patrimonio, propiedad personal o sindical. Una salida legal, que dependerá del manejo presupuestal, es que este problema puede resolverse con la figura de la indemnización. Sobre la evaluación y la certificación del desempeño docente es preciso apuntar que si se instalan consejos imparciales, constituidos por especialistas en educación, habrá menos reticencia de profesores. Si ocurriera lo contrario los maestros estarían descubriéndose como opositores a la capacitación y actualización permanente.

Creo que la calidad educativa debe contemplar la evaluación del desempeño magisterial, ya que no es posible que el elemento humano que educa y forma a la niñez y juventud se mueva en una espiral de “autoanálisis”, desechando capacitación, actualización, pero sobre todo de mecanismos para detectar debilidades y oportunidades de mejoramiento. Los diagnósticos sobre una situación crítica, como lo es el rubro educativo nacional, van a arrojar alertas, poniendo puntos rojos en la actuación de profesores y gobierno, que herirán a los actores, pero esto es inevitable y necesario para encontrar soluciones. B.H.G.

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