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lunes, 23 de abril de 2012

LA DEMOCRACIA SECUESTRADA EN MÉXICO


LA DEMOCRACIA SECUESTRADA EN MÉXICO.
Las falacias procedimentales en la fiscalización de recursos electorales
Por Baltasar Hernández Gómez.


El colmo de colmos. Si de por sí la articulación del sistema político mexicano ha sido ampliamente cuestionado por su constitución autoritaria, procedimental y parcializada, en virtud de la preponderancia partidocrática que impone tránsitos a estadios de equilibrio total sin pasar por dinámicas sociales de cambio estructural y funcional; ahora se está tocando fondo al conocer que la fiscalización electoral da entrada a la utilización de recursos financieros sin restricciones eficaces in situ.
No obstante que la letra normativa establece que ningún partido puede gastar las prerrogativas financieras fuera del marco consensuado por todos los actores de la trama política y menos aún que inserten recursos de procedencia privada o pública externa al proceso mismo, el consejero Lorenzo Córdova Vianello puso al descubierto, palabras más, palabras menos, que la fiscalización del IFE es un candado abierto, pues si los organismos políticos hicieran uso indebido del patrimonio nacional etiquetado como apoyo al ensanchamiento democrático, aceptando recursos no autorizados provenientes de corporativos o particulares, los gastos de campaña en 2012 podrán evaluarse y sancionarse, en su caso, un año después de la jornada del domingo 1 de julio, es decir, hasta 2013.

Si se llegaran a detectar extralimitaciones en los topes o la cabida de aportaciones “ilegítimas” no habría nada qué hacer, pues la reglamentación en la materia no prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por dicha razón. Habría consecuencias jurídicas que implican desde amonestaciones públicas hasta sanciones económicas y la pérdida del registro, pero no efectos directos para la elección ni los representantes populares “elegidos”. Esto y nada es lo mismo, decía mi tío Toño.

Las multicitadas reformas políticas no son el punto final para que existan en la praxis leyes electorales que fortalezcan e incrementen la cultura política y la democracia sustantiva en México, pues la llave de acceso al universo de participación societal la tiene en sus manos el Estado, partidos políticos y los organismos electorales a nivel federal y estatal que están conformados por personajes propuestos por la clase política hegemónica®. La apuesta de los detentadores del poder real gira en el eje de conservación del monopolio y la dominación de la actividad política, creando y modificando normas que en apariencia amplían el espectro democrático, pero que en la práctica únicamente representan vehículos de control administrativo, como parte del circo al que está acostumbrado a observar la sociedad mexicana.

Que la fiscalización de los recursos financieros sea promovida como un “avance sustancial” no connota que en verdad sea un mecanismo para supervisar, evaluar y sancionar desvíos presupuestales de partidos y candidatos. En el caso específico de la fiscalización de gastos de campaña 2012, el procedimiento consiste solamente en recopilar y revisar cúmulos de datos y quejas sobre los que ocurre en el ámbito político-electoral, para luego, “a toro pasado”, revisar y amonestar, si ese fuera la cuestión. ¿Qué pasaría si queda demostrado el abuso de prerrogativas y la inclusión de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos de dudosa o renombrada procedencia? Nada, pues sería hasta el 2013 cuando los inculpados ya estarían ocupando los cargos de elección popular, gozando de fuero, que es casi una patente de Corzo.

Los partidos y sus candidatos no tienen trabas, sino por el contrario, incentivos, toda vez que a pesar de que se descubran rebases en los topes de gastos de campaña no puede anularse la elección. Hay llamadas de atención, multas y reconsideraciones, pero hasta ahí. En el pasado inmediato el grupo Amigos de Fox, por ejemplo, fue sancionado con 500 millones de pesos a los partidos que postularon a Vicente Fox Quesada, quien resultó presidente de la República (2000-2006). Éste fue investido y terminó su encargo. Lo mismo pasó con el actual Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, al conocerse sus vinculaciones en el proceso electoral por medios de promocionales audiovisuales e impresos, pero que solamente se llevó amonestaciones públicas………….como me repetía mi abuela Rosalina: “son como llamadas a misa, mi hijo. Por eso haz como que bajas la mirada y sigue andando”.

Ante este escenario cínico que consiente irregularidades electorales es necesario alejarse de los cantos de sirenas que nos repiten sin cesar que el horizonte de la democracia se acerca cada vez más y más, para retomar los caminos de exigencia social -en lo horizontal- y sin tener que pasar por filtros legislativos o condescendencias gubernamentales, lo cual permita detener la perversidad de partidos que, sabiendo del mal que cometen al rebasar gastos y dar acceso a dinero de particulares o empresas, no paran de repetir dicho procedimiento. No puede seguirse con el modelo de” haces mal y te aplico sanción administrativa”.

Hay que repensar que la reforma política tiene que contemplar sanción electoral y penal y no quedarse en lo meramente administrativo. Si una mujer u hombre es electo y toma posesión de su cargo público, pero se le descubre que lo hizo violando la legislación electoral, sobregirándose y con recursos ilícitos, debe ser separado del cargo y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Esto no es utopía, pues en países como Brasil son realidades comprobadas. El affair Fernando Collor de Melo, quien en 1992 tuvo que dejar la presidencia del país carioca (a casi tres años de tomar posesión) por habérsele comprobado actos de corrupción desde su campaña proselitista. Pero aquí, en la Nación vecina al coloso norteamericano no pasa nada aún. Pese a los acontecimientos de inactividad social prevaleciente, estoy convencido que las contradicciones existentes harán que pase algo en beneficio de las mayorías. Bueno, eso es lo que decimos los idealistas con los pies en la tierra. Sin embargo, el cambio trascendental implica una regeneración constitucional de fondo.

® Tanto en el IFE como en los organismos estatales encargados de recular la operación de los procesos electorales están integrados por juristas, académicos, políticos de carrera y especialistas en áreas de las ciencias sociales que supuestamente no tienen filiaciones con partidos o gobiernos en turno. Sin embargo, basta revisar la plana curricular de cada uno de ellos para descubrir un pasado muy cercano a los linderos del poder. La inclusión de los consejeros depende de los acuerdos entre partidos políticos, como sucedió con el nombramiento de Sergio García Ramírez, ex-titular de la PGR, hace apenas unos meses. B.H.G. baltasarhg@gmail.com baltasarhernandezgomez1@hotmail.com
www.baltasarhernandezgomez.blogspot.com

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